Tras poco más de dos años de acefalia en cada dependencia por la partida del juez Jorge Yapur Meca, que ascendió a camarista, y la demorada jubilación del fiscal Ricardo Guevara Mosso, los abogados Mauricio Romano, de San Rafael, y Armando Farina, de General Alvear, prestaron juramento ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y comenzaron a hacerse cargo en forma provisoria del Juzgado Correccional y de Faltas y de la Fiscalía Civil, Correccional y de Instrucción de Alvear respectivamente. Asimismo, la abogada Cecilia Digner se hizo cargo de la secretaría en la justicia penal de menores, en reemplazo de Farina. 
Ambos magistrados deberán afrontar ahora la difícil tarea de normalizar ambos ministerios en los que hay, según los primeros cálculos, más de 800 causas acumuladas en cada uno, que datan de los últimos años en los que otros jueces subrogaron provisoriamente. 
Para el presidente de la Asociación Alvearense de Abogados, Mario Vendramín, los nombramientos, aunque interinos; posibilitarán descomprimir la situación judicial en el departamento y brindar una mejor atención a la comunidad. 
“Estamos muy conformes con la respuesta de la Suprema Corte, y ahora esperamos que se pueda avanzar en el proyecto del edificio del Poder Judicial propio” señaló el letrado como próximo objetivo estratégico. 
Por su parte, el titular del Superior Tribunal mendocino, Alejandro Pérez Hualde, comentó que una de las principales dificultades para cubrir los cargos fue la falta de postulantes locales que hubiesen rendido los exámenes pertinentes ante el Consejo de la Magistratura. 
“Tuvimos que hacer un trabajo de análisis de las personas que podían cubrir estos cargos aún cuando no hubiesen rendido los exámenes, pero que gozan de muy buen predicamento entre sus pares, por eso hicimos estos nombramientos provisorios y luego deberán presentarse para el acuerdo ante el Senado” afirmó el magistrado. 
Luego y para desazón de muchos, dejó de lado el proyecto del edificio propio de la Justicia en Alvear, un reclamo que se sostiene desde hace años, al calificarlo como “no prioritario” por el momento. “No es hoy la prioridad número uno, nos interesa el recurso humano que es el que permite dar respuestas a la gente. Por supuesto que si la provincia está en condiciones de hacer un esfuerzo, vamos a estar muy agradecidos” dijo el letrado, en medio del pequeño recinto del Juzgado Correccional donde, al igual que otros siete edificios distribuidos en varios puntos de la ciudad, el Poder Judicial alquila antiguas viviendas que se utilizan como dependencias sin las comodidades mínimas en la mayoría de los casos. / M.V.