Los testimonios del docente Alberto Gramajo, ex contratado en el programa POIL del Ministerio de Trabajo de la Nación a través de la oficina de empleo y las ex coordinadoras del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, manejado a través de la misma dependencia, Daniela Paz y Vanesa Montoya, se escucharon a través de la banca del ciudadano del HCD, en la que plantearon irregularidades en el pago de haberes, los que aún no se les terminan de liquidar, como así también en la firma de los contratos laborales que las vincularon hasta el pasado 30 de junio con la oficina. 
“A nosotros se nos citó desde la oficina de empleo y lo que queremos es que nos paguen lo que se nos debe, en mi caso eran $ 6.000 por la carga horaria que tenía y sólo percibí el 40 %, al igual que otros 13 talleristas” explicó Gramajo y contó que luego de múltiples reclamos, se acordó una reunión para abonar el primer mes de trabajo y cuando se comenzó a leer el listado de personas, figuraba una cantidad que duplicaba a quienes habían trabajado, aunque les sorprendió que el dinero ya estuviese depositado en una cuenta del Banco Nación. Entre otros reclamos, Gramajo planteó que nunca firmaron contrato alguno y trabajaron sin cobertura de ninguna clase.
También las, hoy cesantes, coordinadoras del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo Daniela Paz y Vanesa González, reclamaron la intervención de los ediles y que se investiguen los motivos de que hayan quedado sin trabajo, aún habiendo recibido felicitaciones por la labor por parte de la misma comuna. “De 5 personas que éramos, sólo una sigue actualmente y es el yerno de Mario Pérez” acotaron. A ello agregaron que el prestador de servicios a quien se le encomendó el suministro de los refrigerios para talleristas, coordinadores y becados en los diferentes programas, en total más de 450 personas, era el hijo del mismo jefe de la oficina de empleo, Daniel Pérez. “Presupuestaron $ 5,70 por persona, cuando sólo les daban un alfajor y un jugo de 100 centímetros cúbicos, encima muchos chicos se quejaron porque varias veces estaban en mal estado” afirmó Paz. Ambas acumularon una deuda importante con la AFIP tras haber trabajado durante casi seis meses, sin haber firmado contrato y sin cobrar un centavo. “El contrato nos lo dieron el 28 de junio y vencía el 30. También nos prometieron continuidad y el último día nos dijeron que al siguiente no fuéramos más” dijo González. 
El mismo día llegó al concejo una copia de la resolución emitida por el Tribunal de Cuentas de la provincia el 24 de junio de 2010, sobre la rendición de cuentas de la comuna de 2008, que si bien fue aprobada, presenta observaciones sobre lo que se denominaron “deficiencias en las contrataciones con la Cooperativa El Sol cordillerano SRL, cuyo apoderado es, una vez más, Mario Pérez, y cuyo domicilio legal está radicado en el palacio municipal. 
El Tribunal detectó una falta de coherencia en las fechas de los registros de documentación. La falta de indicación de las obras realizadas ni la cantidad de personas que las realizaron, la inexistencia de los detalles de las tareas e incluso el haber efectuado contrataciones directas con la misma entidad por montos de $ 15.000, cuando se debió haber llamado a licitación. Se suma además la incoherencia entre las facturas en las que la cooperativa figura como “responsable monotributo” cuando en realidad, El sol cordillerano sólo figura inscripto en el impuesto “Fondo para Educación e Infraestructura Educativa” en los padrones de la AFIP, lo que según el Tribunal hace prever que “los comprobantes no son válidos”. Ahora, la comuna deberá responder en el lapso de dos meses desde la notificación, bajo apercibimiento de ley.